SOBRE LAS PENSIONES - CAPÍTULO 5 DE 5.

EQUILIBRIO MEDIANTE LA DISMINUCIÓN DE LOS GASTOS.

O dicho en plata: reducir la extensión y calidad de las pensiones.

Todas las medidas analizadas bajo el apartado del aumento de ingresos tienen algo en común: benefician al trabajador, tanto más cuanto más bajo es su ingreso. Algunas en cualquier caso (aumento de salarios, lucha contra el fraude, reducción del paro…) y otras en mayor o menor medida dependiendo de cómo se hagan (aplicación de impuestos generales, aumento de tipos de cotización…).

Sin embargo, la reducción de gastos va en sentido contrario: perjudica al trabajador en cualquier caso, tanto más cuanto menor sea su poder adquisitivo. En el capítulo anterior quedó bien claro por qué: la disminución y el deterioro de los servicios sociales equivalen a un descenso del salario diferido, el cual supone un porcentaje tanto mayor sobre los ingresos del trabajador cuanto más bajo es su poder adquisitivo.

Esta reducción del gasto social a través del deterioro de las pensiones se propone en el contexto de una España que está a la cola de Europa en este sentido, como queda de manifiesto en la tabla siguiente y en los gráficos más adelante:

Parámetros 2006	UE-15	España	Diferencia
Gasto social per cápita	7.252 €	5.139 €	-29,0%
PIB per cápita en poder de compra	100%	93,1%	-6,9%
Porcentaje PIB dedicado a protección social	27,3%	20,9%	-23,4%

Como vemos, la gran diferencia negativa de nuestro país no se justifica con el diferencial de su PIB per cápita: gastamos en protección social mucho menos de lo que nos correspondería por nuestra riqueza. La Cantidad de dinero adicional que tendría que gastar España para que su gasto social actual estuviese en consonancia con su PIB es de 72.000 millones de euros.

Sin embargo, a pesar de los deprimentes números anteriores, lejos de intentar cerrar el hiato que nos separa de la UE-15 todavía osan proponer un deterioro adicional de esas variables, en concreto a través de disposiciones regresivas sobre las pensiones públicas.

Izquierda: gasto en protección social en los países de la UE-15 en 2007. Derecha: evolución de la UE-15 (verde) y de España (azul). Como podemos ver en este parámetro no hay convergencia.

Para crear opinión favorable a unas medidas que sólo pueden empobrecer más a quienes menos tienen casi todos los años se airean con gran repercusión mediática los estudios a los que nos venimos refiriendo desde el principio de este monográfico. Desmontar las pensiones públicas es lo que llevan deseando desde hace muchos años los bancos, las aseguradoras, los medios de comunicación controlados por ellos, el Banco de España y la Comisión Europea y, por fin, el Gobierno ha cogido el testigo.

Izquierda: gasto social per cápita en los países de la UE-15. Derecha: evolución en la UE-15 (verde) y en España (azul). Como vemos tampoco hay convergencia en este caso

No debe en todo caso sorprendernos la deriva del gobierno del Partido ¿Socialista? cuando entre sus asesores en materia de pensiones encontramos a David Taguas, antiguo Subdirector del Servicio de Estudios del BBVA que posteriormente se convertiría en asesor de la Oficina Económica de La Moncloa. ¿David Taguas? ¿Pero ese no es el que junto con María Jesús Sáez publicó el artículo sobre el futuro de las pensiones al que tanto nos hemos referido en capítulos anteriores? ¡Pues sí! ¡El mismo! Llegó pues el momento de desnudar por completo sus propuestas: en aquel trabajo presentado en 2007 los autores abogaban sin tapujos por las siguientes medidas:

1. Aumento de la edad de jubilación forzosa a los 70 años.


2. Utilización del salario medio de toda la vida laboral para el cálculo de la prestación (esto supondría una reducción en la cuantía de las pensiones actuales de hasta un 30%).


3. Actualizar las pensiones públicas menos que el IPC hasta que su importe sólo alcance un mínimo de subsistencia.


4. Compensar las reducciones anteriores con una retención forzosa de entre el 3% y el 5% en la nómina de los trabajadores, que iría a parar a un seguro privado.


5. Establecer un complemento voluntario que se sumaría a la retención anterior (para quien lo pueda pagar).

¡Esto es lo que los adalides del neoliberalismo guardan para nosotros! De las medidas arriba enumeradas el Gobierno se ha hecho eco hasta ahora de dos, si bien desinfladas:

1. Aumento de la edad de jubilación forzosa a los 67 años.


2. Aumento del periodo de cálculo de 15 a 25 años.

Veamos cual es la “eficacia” de ambas medidas.

AUMENTO DE EDAD DE JUBILACIÓN A LOS 67 AÑOS.

A nadie se le habrá escapado que en España hay paro; por lo tanto, hay más mano de obra que oferta de trabajo, algo que conviene mucho a los empresarios. Debido a ello, el trabajador que a los 66 años sigue en su puesto de trabajo está evitando que otro lo ocupe, o sea: la cotización que se gana por un lado (trabajador que no se jubila) se pierde por el otro (trabajador que no sale del paro), con lo cual es evidente que el aumento de la edad de jubilación no supone ningún incremento de los ingresos del sistema.

Por el contrario, los efectos negativos de esta medida sobre el empleo provocarán un aumento del paro, el cual a su vez tirará de los salarios hacia abajo minorando los ingresos de la Seguridad Social. Esto compensaría cualquier efecto incremental debido a un hipotético mayor salario del trabajador que se retira sobre el del recién llegado a su puesto.

Dado que los ingresos seguirán siendo los mismos el aumento de la edad de jubilación es una mera medida de ahorro: la edad a la que te mueres no depende del año en el que te jubilas (si acaso, es inversamente proporcional), así que todo el mundo se beneficiará de dos años menos de pensión. ¿Y qué ahorro supone esto? Grosso modo y únicamente como ilustración orientativa: suponiendo que todo el mundo viviese hoy hasta los 80 años, todo el mundo cobraría 15 años de pensión; con la nueva normativa estos años se reducen a 13, así que:

• 13/15 x 100 = 86,6%, luego el ahorro conseguido es del 13,4%.

Como podemos ver la medida propuesta no es espectacularmente eficaz. En todo caso, debe quedar muy claro que el argumento principal contra esta medida no es la eficacia: es la justicia.

¿Todo el mundo vive hasta los 80 años, hemos dicho? Pues mal dicho. Como hemos visto anteriormente la longevidad de las clases bajas en España es 10 años inferior a la de las clases altas, así que con el aumento de la edad de jubilación le estamos robando un porcentaje de ésta mucho mayor a las clases bajas que a las altas. Por otra parte, es mucho más probable que le guste su trabajo a un miembro de las clases altas (banquero, gran empresario…) que a un miembro de las bajas (cajera, conserje…); asimismo, es mucho más probable que el trabajo le haya deteriorado la salud a un miembro de las clases bajas (limpiadora, agricultor…) que a un miembro de las altas (constructor, terrateniente…). Por todo ello, los dos años que hay que trabajar de más les van a resultar mucho más llevaderos a los ricos que a los pobres, los cuales para colmo gozarán de peor salud; todo esto sin tener en cuenta que realmente los integrantes de las clases altas, al contrario que los de las clases bajas, se pueden jubilar cuando les venga en gana, pues tienen recursos de sobra para hacerlo; en realidad, no necesitan pensiones para nada.

Por lo tanto, no solamente les estamos robando a quienes más lo necesitan dos años de su más que merecido retiro tras toda una vida de trabajo, sino que el nivel de perjuicio es tanto mayor cuanto más baja sea su clase social.

AUMENTO DEL PERIODO DE CÁLCULO DE 15 A 25 AÑOS.

Aunque esta medida se enunció como globo-sonda y enseguida se desmintió, gravita sobre la clase trabajadora como la espada de Damocles.

Dado que los años que se utilizan para el cálculo de la prestación son los más cercanos al momento de la jubilación, las consecuencias de esta medida serían un inmediato descenso del importe de la pensión para la gran mayoría de los nuevos jubilados, cuando resulta que en nuestro país las pensiones ya son muy bajas. El motivo de este descenso es evidente: en un caso normal el salario va creciendo con la edad en términos reales, con lo cual cuantos más años metamos en el cálculo, más baja será la media y viceversa. Únicamente un porcentaje muy pequeño de trabajadores que hubieran tenido especial mala fortuna durante los últimos años de su vida laboral podrían beneficiarse con esta medida.

Es evidente que esta solución también perjudica más a quienes menos poder adquisitivo tienen. No es lo mismo toda una vida de salarios bajos para encontrarse al final con una pensión minúscula sin ahorros en el banco que una vida de salarios altos para terminar con una pensión pequeña pero con buenos ahorros en el banco y un plan privado de complemento.

Hemos mencionado que las pensiones en España son muy bajas. ¿Cuánto más bajas?

España contra la media de la UE-15	PIB per capita	Pensión media contributiva	Pensión media no contributiva
Sin normalizar el PIB	92%	68%	46%
Normalizando el PIB	100%	74%	50%

Lo que estamos haciendo en la última fila de la tabla es suponer que el PIB medio de la UE-15 es igual al español. De este modo queda patente dónde estamos de acuerdo con nuestras posibilidades, y la conclusión es que una vez descontada la diferencia entre el PIB español per cápita y el europeo, las pensiones contributivas en España son tres cuartas partes de la media europea (UE-15) y las no contributivas la mitad.

Dicho de otra forma: mucho tienen que subir las pensiones en España para acercarnos a lo que la Europa de los quince gasta en ellas, incluso teniendo en cuenta nuestro diferencial negativo en el PIB per cápita. Sin embargo, los voceros neoliberales se atreven a clamar que el gasto es excesivo y promueven que éste se reduzca aún más desde sus exiguas cuantías. En el gráfico siguiente queda bien de manifiesto lo reducido del gasto español.

Gasto en pensiones en los países de la UE-15 en 2007 en porcentaje del PIB.

Con esto acabamos nuestro análisis sobre el espinoso asunto de las pensiones, análisis donde ha debido quedar claro que las cosas no son como se nos dicen, que el único problema que tienen las pensiones españolas es su baja cuantía y que, aunque hubiera un problema de verdad, pueden hacerse muchísimas cosas beneficiosas antes de intentar desmantelarlas, desmantelamiento que únicamente favorece a los intereses de los más ricos y las entidades financieras.

RESUMEN FINAL.

SOBRE LOS ESTUDIOS CATASTROFISTAS.

1. Están elaborados por entidades y personas con fuertes intereses en contra del sistema público de pensiones y a favor del establecimiento de uno privado. Estas entidades incluyen al Banco de España y la Comisión Europea.

2. Se atreven a hacer pronósticos a largo plazo en campos donde se ha demostrado la futilidad de hacerlos a medio e incluso a corto. Han errado repetidamente en sus predicciones en el pasado.

3. Adolecen de fuertes errores metodológicos y omisiones en su análisis, a saber:

• No morimos 4 años más viejos que antes.

• Que la población envejezca no implica que disminuya la población activa, que es lo que aquí importa (inmigrantes, incorporación de la mujer…).

• La tasa de fecundidad se está recuperando.

• Y lo más importante: no tienen en cuenta el aumento del PIB con el tiempo.
  

SOBRE EL FUTURO DE LAS PENSIONES.

1. Actualmente el sistema público de pensiones en España no está en peligro.

2. Aunque estuviera en peligro, el sistema de Seguridad Social "quebrará" si la sociedad permite que lo haga. No es un determinismo financiero, es una decisión política. Si se necesitan más recursos para sostenerlo no hay más que modificar el sistema de impuestos. Así se sencillo. Y si se hace bien, los mileuristas (más del 50% de los asalariados) no tienen por qué poner ni un duro.

SOBRE LAS POSIBLES SOLUCIONES.

1. Desde la óptica del aumento de los ingresos se pueden tomar muchas medidas que la teoría económica neoliberal descarta o no menciona:

• Disminuir el paro mediante políticas reales de empleo que huyan del contrato basura y la bonificación impositiva.


• Invertir en programas sociales que favorezcan la integración de mujeres e inmigrantes en el mercado laboral.


• Prohibir las prejubilaciones.


• Endurecer la legislación sobre horas extraordinarias.


• Reducir la jornada laboral sin reducción de salario.


• Subir significativamente el salario mínimo interprofesional.


• Devolver las cuotas patronales a los niveles de los años 80.


• Eliminar la base máxima de cotización a la Seguridad Social.


• Subir el número de tramos y tipos de gravamen del IRPF.


• Sustituir el mínimo exento del IRPF por una deducción constante.


• Eliminar las deducciones en el IRPF que sólo favorecen a las economías desahogadas, entre ellas las aportaciones a los planes privados de pensiones.


• Endurecer significativamente la tributación de las rentas del capital.


• Luchar contra el fraude fiscal.


• Luchar contra la economía sumergida.


• Reforzar considerablemente la labor de inspección del Estado.
  

2. En España en las últimas décadas muchos de los parámetros arriba listados se han modificado en el sentido contrario al deseable, lo cual ha deteriorado los ingresos de la Seguridad Social.

3. Las medidas arriba enunciadas podrían acometerse de todas formas aunque no haya déficit alguno con el fin de mejorar la cobertura y las cuantía del sistema actual.

4. Subir el IVA debe descartarse entre las medidas anteriores porque es regresivo e injusto, dado que es un impuesto sobre el consumo y el porcentaje dedicado a consumo respecto del ingreso total es inversamente proporcional al tamaño de dicho ingreso. Además, las rentas del capital y los productos financieros están exentos.

SOBRE LOS ARGUMENTOS NEOLIBERALES.

1. Aumentar los impuestos directos, las cotizaciones sociales y los salarios no perjudican al empleo ni son lesivos para el progreso económico, sólo perjudican a las clases más altas.

2. Las cotizaciones sociales son parte del salario del trabajador (salario diferido) así que un descenso de las mismas supone un ataque contra sus intereses, al deteriorarse la calidad y/o cuantía de las prestaciones y servicios sociales a los que dicho trabajador tiene acceso (y viceversa).

3. Un país con impuestos directos, cotizaciones sociales y salarios altos será menos sensible a crisis periódicas, pues la demanda interna será mucho más sólida.

4. Los impuestos directos, las cotizaciones sociales y los salarios elevados cumplen una función redistributiva de la riqueza que beneficia a las clases más desfavorecidas, aunque perjudica a las más altas. Por lo tanto, con sistemas productivos similares un país con dichos parámetros altos será más justo e igualitario que otro donde sean bajos.

5. Culpar a los salarios o la carga fiscal (incluyendo cotizaciones) de la falta de competitividad de la economía española es un ejercicio de cinismo, pues ambos parámetros en España están muy por debajo de la media de la UE-15. En la competitividad entran muchos factores en los que la posición de España es muy deficiente, así que al final es precisamente en salarios y carga fiscal en lo único en que somos realmente competitivos (desde el punto de vista de los precios).

6. Para las clases pudientes mantener los salarios bajos no sólo supone una ventaja económica, sino también de poder. Los trabajadores con salarios reducidos tienen mucha menos capacidad de hacer fuerza ante las empresas.

SOBRE LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO.

1. Están injustificadas, pues las pensiones no están en peligro.

2. Significan una reducción del gasto en pensiones, cuando en España dicho gasto es actualmente muy inferior al de la media de la UE-15 incluso una vez descontado el diferencial de PIB per cápita. Habría por lo tanto margen de sobra para, incluso, subir su cuantía significativamente.

3. Suponen una reducción del gasto social, cuando España estamos muy lejos de la media de la UE-15 aún teniendo en cuenta la diferencia de nuestro PIB per cápita.

4. El retraso en la edad de jubilación perjudica a los trabajadores tanto más cuanto más bajo sea su poder adquisitivo, ya que la salud a los 65-67 años es tanto peor cuanto más bajo es el ingreso del trabajador; además, los ricos viven más tiempo, sus trabajos son mucho más agradables y ni siquiera necesitan una pensión.

5. Aumentar el periodo de cálculo de la prestación significa una disminución de la cuantía de las pensiones, lo cual evidentemente también perjudica más a quienes menos poder adquisitivo tienen.

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Ceterum censeo Estados Unidos esse delendam.

Seikh Iván Bin Víctor Al-Sáez.