SOBRE LAS PENSIONES - CAPÍTULO 3 DE 5.

¿CÓMO PODRÍAMOS REEQUILIBRAR NUESTRO SISTEMA DE PENSIONES SI DIERA DÉFICIT?

Dado que en España las pensiones se financian desde las cotizaciones sociales, podemos escribir la siguiente fórmula de equilibrio:

• Número de asalariados x Salario medio x Tipo medio de gravamen – Fraude = Número de pensionistas x Pensión media.

También podemos desarrollar un poco más e introducir un nuevo término que, como sabemos, en España vale cero:

• Número de asalariados x Salario medio x Tipo medio de gravamen + Impuestos generales – Fraude = Número de pensionistas x Pensión media.

Supongamos que el número de pensionistas sube. Como dicen las matemáticas de primaria (EGB en mis tiempos), para que se mantenga la igualdad podemos hacer cualesquiera de estas cosas:

1. Subir el número de asalariados.
2. Subir el salario medio.
3. Subir el tipo medio de gravamen.
4. Subir los impuestos generales.
5. Bajar el fraude.
6. Bajar la pensión media.

O sea: podemos aumentar los ingresos (cinco primeras opciones) o disminuir los gastos (última opción). Empecemos analizando las cinco primeras opciones, que son la que no abordan o descartan directamente los ideólogos neoliberales.

AUMENTAR EL NÚMERO DE ASALARIADOS.

Evidentemente, si hay más gente que trabaja, hay más gente cotizando a través de sus salarios, así que reducir el paro es una eficaz forma de reequilibrar el sistema. España por desgracia ha registrado históricamente desde los años 80 unas cifras de desempleo muy superiores a las de la Europa de los 15 (ver gráfico). Actualmente A un 9,9% de desempleo en la UE-15 se contrapone un 19,5% en España, una cifra escandalosa.

Evolución del paro en España (azul) contra la media de la UE-15 (verde).

A pesar de lo dicho, en nuestro país las políticas reales de empleo han brillado por su ausencia y por el contrario bajo supuestas medidas para su fomento se han camuflado reformas regresivas que no han supuesto otra cosa que facilidades al despido, subvenciones encubiertas a las empresas y deterioro de las condiciones de contratación de los trabajadores, consiguiéndose el efecto contrario al que, supuestamente, se pretendía.

Ninguna empresa va a contratar a alguien que no necesita sólo porque le dan ayudas. Evidentemente las empresas contratarán trabajadores únicamente cuando los precisen, independientemente de los tipos de contrato que existan, pero siempre se intentarán acoger a la posibilidad más ventajosa económicamente. Por lo tanto:

• Contratos basura: la empresa contrata a la misma gente que de otra forma hubiera tenido que contratar, pero pagando menos. Además, estos contratos se han convertido instantáneamente en paro a la primera dificultad económica, pues constituyen un despido gratuito de hecho (no se renuevan y punto). Si las empresas no tuvieran tan fácil reducir sus plantillas habrían aguantado más tiempo antes de despedir y no se habría transferido el peso de la crisis económica del sector privado (salarios) al público (prestaciones por desempleo) casi instantáneamente y con tal intensidad.

• Becarios: lo mismo pero peor. Mano de obra ultra-barata sin derechos de plantilla y sin cotizaciones sociales que sustituye a puestos de trabajo con todos los derechos a pesar de la propaganda oficial en contra.

• Ayudas a la contratación: este dinero no son más que subvenciones encubiertas a las empresas, que aumentarán sus beneficios a costa del erario público. Muchas veces estas ayudas consisten en reducciones en los impuestos y bonificaciones sobre las cotizaciones sociales, atacándose por lo tanto los ingresos del sistema de pensiones y el salario diferido de los trabajadores.
  

Así pues, las políticas oficiales sólo han servido para incrementar los beneficios empresariales, haciéndole un flaco favor al mercado laboral y mermando los ingresos de la Seguridad Social. Medidas más beneficiosas para incrementar la población activa habrían sido:

Integrar a la mujer en el mercado laboral. A este respecto, invertir en medidas de carácter social, como una red fuerte de guarderías del estado o el establecimiento de servicios de asistencia domiciliaria conseguirían un doble beneficio: por un lado posibilitarían la integración de más mujeres, mientras que por el otro se crearían empleos directos.

Integrar de forma efectiva a los inmigrantes en nuestra sociedad. Este camino requiere invertir en programas educativos, formativos y de inserción. Sin embargo, hoy en día a muchos se les reserva un papel mucho menos noble: el de mano de obra barata y desprotegida para el desempeño de los trabajos más indeseables y peor pagados, en muchas ocasiones al servicio de la economía sumergida. Esta situación es útil para los empresarios, ya que de esta forma se ahorran cotizaciones sociales e impuestos y consiguen que los inmigrantes tiren de los salarios hacia abajo.

Supongamos que un inmigrante viene con su familia a España, se integra correctamente y consigue un trabajo en las mismas condiciones que un español. Está claro que él y su familia:

1. Consumen y contribuyen a elevar la demanda interna, incentivando la creación de más empleo.
2. Pagan impuestos y cotizan a la Seguridad Social, contribuyendo a los servicios sociales que todos disfrutamos.

Prohibir las prejubilaciones. Esto tendría un efecto positivo mucho mayor de lo que se cree y es una práctica prohibida en muchos países europeos. La prejubilación, obligatoria en la mayoría de los casos, no es un favor que se le hace al trabajador, sino un mecanismo utilizado comúnmente por la empresa privada para arreglar sus balances reduciendo plantilla o sustituyendo puestos de trabajo bien remunerados por mileuristas. Lo más grave de todo es que se realiza con la complicidad e intervención del Estado y a costa del erario público. Por supuesto mucha gente querría jubilarse a los 55 años, pero resulta indecente que, mientras se pide retrasar la edad de jubilación, se estén retirando a miles de personas del mercado laboral antes de tiempo a costa de las finanzas públicas con el fin de facilitar que las empresas privadas reduzcan plantilla y saneen sus cuentas. Debe además tenerse en cuenta que un prejubilado no cuenta como parado, así que sirve para maquillar las abultadas cifras del desempleo en España. El producto nacional que deja de producirse por los trabajadores prejubilados equivale a un 5% del PIB.

Hay muchas más medidas que favorecerían al empleo y por ende a las pensiones que no analizaré para no extender esto demasiado, pero puedo mencionar la reducción de la jornada laboral sin reducción de salario (35 horas por Ley), el endurecimiento de la legislación sobre horas extraordinarias, etcétera.

SUBIR LOS SALARIOS.

Cae de cajón: dado que las cotizaciones son un porcentaje de los salarios, cuanto más elevados, más aportan.

Esta medida, todo un anatema para el pensamiento económico neoliberal, tendría efectos positivos sinérgicos: al aumentar el poder de compra de las clases sociales más desfavorecidas aumentaría rápidamente la demanda interna y con ella mejorarían la actividad económica y el empleo, con lo que disminuiría el paro y se ingresarían aún más cotizaciones.

Dicho esto se comprenderá la gravedad de que se hable de congelar o reducir los salarios al tiempo que se intenta hacer creer a la gente que las pensiones están en peligro.

Una elevación considerable del Salario Mínimo Interprofesional tendría un efecto especialmente positivo, ya que afectaría a las clases sociales con menos ingresos y son éstas las que muestran un mayor potencial de reactivación de la economía, debido a la gran cantidad de necesidades que no pueden satisfacer con su actual nivel de renta. Debe también tenerse en cuenta que muchas prestaciones sociales usan el SMI como base de cálculo para su cuantía o para tabular los derechos de acceso a las mismas. Tengamos en cuenta que si el SMI subiese, por ejemplo, un 25%, no sólo verían subir sus ingresos quienes cobrasen el SMI, sino todos los que cobrasen menos que el SMI +25%.

Desgraciadamente, si en España en las últimas décadas descontamos la inflación comprobamos que se ha producido un estancamiento real de los salarios, siendo la masa salarial un porcentaje sobre el PIB cada vez más reducido en favor de las rentas del capital. En cuanto al salario mínimo, en 2009 era de 624 míseros euros al mes, lejísimos de los mucho más respetables 1.321 de Francia; esta diferencia del 112% no se puede justificar con el diferencial de riqueza, pues el PIB per cápita francés era en 2009 únicamente un 5% superior al español.

Comparativa de salarios mínimos con otros países europeos donde está reconocida esta figura (2009).

¿Por qué se anatemiza oficialmente una medida que contribuiría a enriquecer a la sociedad en general y a reactivar la economía creando empleo? Básicamente porque supone una transferencia neta de riqueza desde las rentas del capital y los beneficios empresariales a las rentas del trabajo, y el pensamiento neoliberal defiende intereses de clase, no a la sociedad en su conjunto: defiende los intereses de los banqueros y grandes empresarios. Un alza de salarios está en contra de dichos intereses por razones no sólo económicas, sino también de poder. Un trabajador cuya situación sea desahogada tiene un poder de negociación ante la empresa muy superior al de otro que necesita su trabajo como sea. Está claro: si mi empresa me dice que tengo que trasladarme a Arabia Saudí les digo que antes me voy al polo descalzo y en camiseta y me quedo tan tranquilo. Si me echan tengo un buen colchón para ir buscando trabajo, reforzado por las prestaciones por desempleo. En cambio, si mi cuenta bancaria estuviera a cero todos los finales de mes y no hubiera prestaciones por desempleo, seguro que me lo pensaría mucho más.

AUMENTAR LOS TIPOS DE GRAVAMEN.

También cae de cajón: si se aumentan las cuotas obreras y patronales más dinero se recaudará. Es cierto que subir las cuotas obreras (estamos hablando de décimas de punto) supone cobrar cada mes un pelín menos, pero:

1. Casi todo el mundo preferirá cobrar un poquito menos ahora y asegurarse una buena pensión que trabajar dos años más (una décima de punto es sólo 1 euro al mes de cada 1.000).
2. Por otro lado, el trabajador recupera lo que paga en forma de servicios sociales, luego esa mínima reducción de sueldo no es tal. Las cotizaciones no se pagan sin contraprestación.

Esto último hay que tenerlo muy claro: las cotizaciones sociales, tanto las que paga la empresa como las que afronta el trabajador, son parte del salario; son salario diferido. Cuando el trabajador cobre su pensión, vaya al médico sin pagar un duro, cobre el paro, asista a cursos de formación gratuitos, etc. recuperará, no sólo el dinero que pone él, sino también el que aporta la empresa.

Es por ello que un aumento de las cuotas patronales se puede considerar un aumento de sueldo (aunque no figuren en la nómina del trabajador), ya que aumentarán las prestaciones a las que el trabajador puede acceder gratuitamente y/o su calidad. Por el contrario, un descenso de las cuotas patronales es un ataque contra los intereses obreros, pues bajarán la calidad y/o el número de prestaciones sociales, con lo que tendrá que pagar por servicios antes gratuitos o prescindir de ellos, o verá reducirse la cuantía de las prestaciones por desempleo o las pensiones.

Porcentajes que suponen sobre los costes laborales las cuotas patronales (izda.) y la carga fiscal total (dcha.) en 2007 (nota: las aspas negras significan "datos no disponibles").

Pese a ello, si miramos atrás comprobamos que en la historia reciente la evolución ha sido bastante negativa, reduciéndose en varios puntos las cuotas patronales (esto es viejo, sólo entre 1982 y 1991 bajaron 2,5 puntos). Así pues ¿qué tal recuperar las bajadas habidas en décadas pasadas en las cuotas patronales con el fin de aumentar los recursos de la Seguridad Social? ¿Con qué cara se piden sacrificios a los trabajadores cuando en las últimas décadas se han bajado varios puntos las cotizaciones sociales de las empresas?

Por otro lado, la eliminación de la base máxima de cotización permitiría elevar los ingresos sin tocar los tipos. En España cualquier salario por encima de 3.198 euros al mes (2010) cotiza sólo por la cifra indicada, es decir, si alguien gana 10.000 euros al mes él y la empresa pagan como si ganase 3.198. Esto introduce una regresividad inaceptable en el sistema, pues por encima de la citada cifra cuanto más se gana menos porcentaje del sueldo se paga a la Seguridad Social. ¿Por qué no eliminar la base máxima de cotización para que los grandes salarios coticen por su importe íntegro?

FINANCIAR EL SISTEMA TAMBIÉN DESDE IMPUESTOS DIRECTOS.

Hoy en día este término de la fórmula vale cero, pero… ¿por qué la Seguridad Social no se puede financiar también desde otros impuestos, como hacen muchos países? ¿Acaso Alá ha dispuesto que deba pagarse sólo a través de las cotizaciones sociales?

Ni siquiera hace falta crear impuestos nuevos ad-hoc. Por ejemplo, podría recuperarse el prácticamente perdido carácter progresivo y redistributivo del IRPF, sucesivamente desarbolado por multitud de reformas regresivas. Cuatro cosas que podrían hacerse:

• Eliminar las abundantes deducciones que sólo benefician a las rentas más altas. Gracias a ellas en España los empresarios acaban tributando por menos ingresos que los trabajadores.

• Aumentar el número de tramos y los tipos de gravamen superiores.

• Endurecer significativamente la tributación sobre las rentas del capital, que en España están prácticamente exentas de hecho desde las reformas de 1988 y 1990.

• Sustituir el mínimo exento por una deducción constante, ya que el primero supone una reducción en la base del impuesto que beneficia más a quienes más elevado tienen el tipo de cotización.

Estas medidas aumentarían notablemente la recaudación a costa de las rentas superiores y las rentas del capital sin que las inferiores se enterasen. Aumentaría significativamente la recaudación a costa de los más pudientes. Además hay margen de sobra, pues como vemos en este gráfico, la carga fiscal española se mueve en los límites inferiores la UE-15.

Carga fiscal en porcentaje sobre el PIB en 2008.

Mención aparte quiero hacer de una deducción especialmente sangrante en el caso que nos preocupa: la que desgrava por aportaciones a planes privados de pensiones. Esta deducción supone un descenso del 4% en la recaudación del impuesto. Al parecer, es legítimo dedicar recursos públicos a los planes privados (vía minoración de ingresos fiscales) pero no a las pensiones públicas. ¿Cómo es posible que se diga que no hay recursos suficientes para las pensiones públicas cuando se está perdiendo un 4% de la recaudación del IRPF en incentivar planes de pensiones privados? ¿Y si se eliminasen esos incentivos y se dedicase ese 4% a las pensiones públicas?

Debe descartarse totalmente una financiación a través de un incremento del IVA o de cualquier otro impuesto indirecto, pues son terriblemente injustos y regresivos. Es fácil razonar por qué:

1. Cuando toman un helado o compran el periódico, pagan el mismo IVA Emilio Botín y sus Consejeros que las limpiadoras del Banco de Santander.
2. Las rentas más bajas dedican todos o casi todos sus ingresos al consumo (alimentación, vestido, transporte…). Por lo tanto, encuentran gravado por el IVA el 100% de lo que cobran, pues lo poco que ahorran es para consumo diferido (coche, casa, vacaciones…).
3. Una gran fortuna dedicará al consumo únicamente una muy pequeña parte de sus ingresos. El resto los dedicará al ahorro, la inversión, el préstamo y la especulación, que no pagan IVA (cuando compras acciones no pagas IVA, todos los productos financieros están exentos).
   

Por todo ello, el porcentaje que el IVA supone sobre los ingresos de una gran fortuna es ridículo, mientras que para un mileurista rebasará seguramente el 10% (más de 100 euros al mes). De la recaudación total por IVA el grueso proviene de la gran masa de consumidores de rentas bajas y medias, que son la inmensa mayoría de la población.

Sin embargo, a nadie se le escapa que el único impuesto que el Gobierno se ha planteado subir con motivo de la crisis es, precisamente, el IVA, un impuesto regresivo e injusto del que, para colmo, los productos financieros y los rendimientos del capital, responsables de la crisis, están exentos.

LUCHAR CONTRA EL FRAUDE Y LA ECONOMÍA SUMERGIDA.

El importe total del fraude fiscal en España se estima en nada menos que el 20% del PIB, lo cual no debe sorprender en un país donde el dinero negro se mueve a placer de aquí para allá.

Es evidente que si todo el mundo pagara los impuestos que tiene pagar los ingresos del sistema aumentarían espectacularmente y mejoraría sustancialmente la imagen del sistema impositivo entre la población. La lucha contra el fraude equivale a universalizar los impuestos, es decir, a que todo el mundo pague y no sólo los de siempre. Una parte de este incremento de la recaudación podría por supuesto utilizarse para pagar las pensiones.

En España sin embargo jamás se ha ejercitado una lucha eficiente y real contra el fraude más allá de las declaraciones de intenciones. Si miramos hacia atrás el panorama es desolador: en la historia reciente de este país se cuentan varias amnistías fiscales para el dinero negro, por supuesto camufladas bajo otros nombres (“regularización fiscal”, por ejemplo). Las hubo en 1977, en 1988 y en 1991, algunas para colmo coincidiendo en el tiempo con significativos recortes en las prestaciones sociales, como en 1988.

Si hay algo que hay que tener claro sobre el fraude es que, quienes más defraudan, son quienes más tienen. Ello es así porque el fraude es una cuestión de posibilidades, conocimiento del sistema, asesoramiento, etc. ¿Acaso un barrendero tiene la posibilidad de esconder su dinero en Suiza? Se podrían conseguir aumentos de recaudación significativos sin tocar los impuestos existentes únicamente generando mecanismos eficaces de lucha contra el fraude, con el fin de que las clases más pudientes paguen efectivamente lo que les corresponde. Y es que actualmente Hacienda no somos todos.

Por otro lado, el tamaño de la economía sumergida en España es gigantesco: se estima que llega al 24% del PIB. La lucha contra la economía sumergida supondría el afloramiento de una cantidad ingente de recursos que hoy en día eluden sus obligaciones fiscales y sociales. El ejemplo más claro son las contrataciones ilegales sin alta en la Seguridad Social que contribuyen a enraizar la exclusión y la marginación de todo tipo de colectivos desfavorecidos (entre ellos muchos inmigrantes) mientras restan una enorme cantidad de recursos al sistema de Seguridad Social y las pensiones vía cotizaciones no cobradas. Se calcula que pueden ser unas 800.000 las personas que actualmente están trabajando sin contrato en España, una situación de la que únicamente se beneficia el empleador.

Desgraciadamente, los servicios de inspección españoles llevan desde siempre infradotados de fondos y personal y bloqueados políticamente, ya que no existe ninguna voluntad de acabar con esta situación. La potenciación de los servicios de inspección del Estado mediante aumentos de presupuesto y personal y la promoción de su rango administrativo sería un primer paso en la buena dirección que recuperaría con creces todo el dinero invertido.

Hasta aquí llega el análisis de algunas cosas que se podrían hacer para elevar los ingresos del sistema de pensiones y compensar un supuesto desequilibrio. Debe tenerse en cuenta que estas medidas no sólo sirven para enjuagar un hipotético déficit; podrían ponerse en marcha sin que éste exista simplemente para mejorar la cobertura y la cuantía de las pensiones existentes.

Antes de continuar con su némesis, la reducción de gastos, vamos a hacer unas consideraciones adicionales acerca de los argumentos que ofrece el credo neoliberal para, precisamente, no hacer nada de lo mencionado en este capítulo.

• Hora local: 20:20.
• Temperatura: 21ºC.
• Humedad: 65%.
• Temperatura máxima: 24ºC.
• Temperatura mínima: 19ºC.

Ceterum censeo Estados Unidos esse delendam.

Seikh Iván Bin Víctor Al-Sáez.