SOBRE LAS PENSIONES - CAPÍTULO 3 DE 5.

¿CÓMO PODRÍAMOS REEQUILIBRAR NUESTRO SISTEMA DE PENSIONES SI DIERA DÉFICIT?

Dado que en España las pensiones se financian desde las cotizaciones sociales, podemos escribir la siguiente fórmula de equilibrio:

• Número de asalariados x Salario medio x Tipo medio de gravamen – Fraude = Número de pensionistas x Pensión media.

También podemos desarrollar un poco más e introducir un nuevo término que, como sabemos, en España vale cero:

• Número de asalariados x Salario medio x Tipo medio de gravamen + Impuestos generales – Fraude = Número de pensionistas x Pensión media.

Supongamos que el número de pensionistas sube. Como dicen las matemáticas de primaria (EGB en mis tiempos), para que se mantenga la igualdad podemos hacer cualesquiera de estas cosas:

1. Subir el número de asalariados.
2. Subir el salario medio.
3. Subir el tipo medio de gravamen.
4. Subir los impuestos generales.
5. Bajar el fraude.
6. Bajar la pensión media.

O sea: podemos aumentar los ingresos (cinco primeras opciones) o disminuir los gastos (última opción). Empecemos analizando las cinco primeras opciones, que son la que no abordan o descartan directamente los ideólogos neoliberales.

AUMENTAR EL NÚMERO DE ASALARIADOS.

Evidentemente, si hay más gente que trabaja, hay más gente cotizando a través de sus salarios, así que reducir el paro es una eficaz forma de reequilibrar el sistema. España por desgracia ha registrado históricamente desde los años 80 unas cifras de desempleo muy superiores a las de la Europa de los 15 (ver gráfico). Actualmente A un 9,9% de desempleo en la UE-15 se contrapone un 19,5% en España, una cifra escandalosa.

Evolución del paro en España (azul) contra la media de la UE-15 (verde).

A pesar de lo dicho, en nuestro país las políticas reales de empleo han brillado por su ausencia y por el contrario bajo supuestas medidas para su fomento se han camuflado reformas regresivas que no han supuesto otra cosa que facilidades al despido, subvenciones encubiertas a las empresas y deterioro de las condiciones de contratación de los trabajadores, consiguiéndose el efecto contrario al que, supuestamente, se pretendía.

Ninguna empresa va a contratar a alguien que no necesita sólo porque le dan ayudas. Evidentemente las empresas contratarán trabajadores únicamente cuando los precisen, independientemente de los tipos de contrato que existan, pero siempre se intentarán acoger a la posibilidad más ventajosa económicamente. Por lo tanto:

• Contratos basura: la empresa contrata a la misma gente que de otra forma hubiera tenido que contratar, pero pagando menos. Además, estos contratos se han convertido instantáneamente en paro a la primera dificultad económica, pues constituyen un despido gratuito de hecho (no se renuevan y punto). Si las empresas no tuvieran tan fácil reducir sus plantillas habrían aguantado más tiempo antes de despedir y no se habría transferido el peso de la crisis económica del sector privado (salarios) al público (prestaciones por desempleo) casi instantáneamente y con tal intensidad.

• Becarios: lo mismo pero peor. Mano de obra ultra-barata sin derechos de plantilla y sin cotizaciones sociales que sustituye a puestos de trabajo con todos los derechos a pesar de la propaganda oficial en contra.

• Ayudas a la contratación: este dinero no son más que subvenciones encubiertas a las empresas, que aumentarán sus beneficios a costa del erario público. Muchas veces estas ayudas consisten en reducciones en los impuestos y bonificaciones sobre las cotizaciones sociales, atacándose por lo tanto los ingresos del sistema de pensiones y el salario diferido de los trabajadores.
  

Así pues, las políticas oficiales sólo han servido para incrementar los beneficios empresariales, haciéndole un flaco favor al mercado laboral y mermando los ingresos de la Seguridad Social. Medidas más beneficiosas para incrementar la población activa habrían sido:

Integrar a la mujer en el mercado laboral. A este respecto, invertir en medidas de carácter social, como una red fuerte de guarderías del estado o el establecimiento de servicios de asistencia domiciliaria conseguirían un doble beneficio: por un lado posibilitarían la integración de más mujeres, mientras que por el otro se crearían empleos directos.

Integrar de forma efectiva a los inmigrantes en nuestra sociedad. Este camino requiere invertir en programas educativos, formativos y de inserción. Sin embargo, hoy en día a muchos se les reserva un papel mucho menos noble: el de mano de obra barata y desprotegida para el desempeño de los trabajos más indeseables y peor pagados, en muchas ocasiones al servicio de la economía sumergida. Esta situación es útil para los empresarios, ya que de esta forma se ahorran cotizaciones sociales e impuestos y consiguen que los inmigrantes tiren de los salarios hacia abajo.

Supongamos que un inmigrante viene con su familia a España, se integra correctamente y consigue un trabajo en las mismas condiciones que un español. Está claro que él y su familia:

1. Consumen y contribuyen a elevar la demanda interna, incentivando la creación de más empleo.
2. Pagan impuestos y cotizan a la Seguridad Social, contribuyendo a los servicios sociales que todos disfrutamos.

Prohibir las prejubilaciones. Esto tendría un efecto positivo mucho mayor de lo que se cree y es una práctica prohibida en muchos países europeos. La prejubilación, obligatoria en la mayoría de los casos, no es un favor que se le hace al trabajador, sino un mecanismo utilizado comúnmente por la empresa privada para arreglar sus balances reduciendo plantilla o sustituyendo puestos de trabajo bien remunerados por mileuristas. Lo más grave de todo es que se realiza con la complicidad e intervención del Estado y a costa del erario público. Por supuesto mucha gente querría jubilarse a los 55 años, pero resulta indecente que, mientras se pide retrasar la edad de jubilación, se estén retirando a miles de personas del mercado laboral antes de tiempo a costa de las finanzas públicas con el fin de facilitar que las empresas privadas reduzcan plantilla y saneen sus cuentas. Debe además tenerse en cuenta que un prejubilado no cuenta como parado, así que sirve para maquillar las abultadas cifras del desempleo en España. El producto nacional que deja de producirse por los trabajadores prejubilados equivale a un 5% del PIB.

Hay muchas más medidas que favorecerían al empleo y por ende a las pensiones que no analizaré para no extender esto demasiado, pero puedo mencionar la reducción de la jornada laboral sin reducción de salario (35 horas por Ley), el endurecimiento de la legislación sobre horas extraordinarias, etcétera.

SUBIR LOS SALARIOS.

Cae de cajón: dado que las cotizaciones son un porcentaje de los salarios, cuanto más elevados, más aportan.

Esta medida, todo un anatema para el pensamiento económico neoliberal, tendría efectos positivos sinérgicos: al aumentar el poder de compra de las clases sociales más desfavorecidas aumentaría rápidamente la demanda interna y con ella mejorarían la actividad económica y el empleo, con lo que disminuiría el paro y se ingresarían aún más cotizaciones.

Dicho esto se comprenderá la gravedad de que se hable de congelar o reducir los salarios al tiempo que se intenta hacer creer a la gente que las pensiones están en peligro.

Una elevación considerable del Salario Mínimo Interprofesional tendría un efecto especialmente positivo, ya que afectaría a las clases sociales con menos ingresos y son éstas las que muestran un mayor potencial de reactivación de la economía, debido a la gran cantidad de necesidades que no pueden satisfacer con su actual nivel de renta. Debe también tenerse en cuenta que muchas prestaciones sociales usan el SMI como base de cálculo para su cuantía o para tabular los derechos de acceso a las mismas. Tengamos en cuenta que si el SMI subiese, por ejemplo, un 25%, no sólo verían subir sus ingresos quienes cobrasen el SMI, sino todos los que cobrasen menos que el SMI +25%.

Desgraciadamente, si en España en las últimas décadas descontamos la inflación comprobamos que se ha producido un estancamiento real de los salarios, siendo la masa salarial un porcentaje sobre el PIB cada vez más reducido en favor de las rentas del capital. En cuanto al salario mínimo, en 2009 era de 624 míseros euros al mes, lejísimos de los mucho más respetables 1.321 de Francia; esta diferencia del 112% no se puede justificar con el diferencial de riqueza, pues el PIB per cápita francés era en 2009 únicamente un 5% superior al español.

Comparativa de salarios mínimos con otros países europeos donde está reconocida esta figura (2009).

¿Por qué se anatemiza oficialmente una medida que contribuiría a enriquecer a la sociedad en general y a reactivar la economía creando empleo? Básicamente porque supone una transferencia neta de riqueza desde las rentas del capital y los beneficios empresariales a las rentas del trabajo, y el pensamiento neoliberal defiende intereses de clase, no a la sociedad en su conjunto: defiende los intereses de los banqueros y grandes empresarios. Un alza de salarios está en contra de dichos intereses por razones no sólo económicas, sino también de poder. Un trabajador cuya situación sea desahogada tiene un poder de negociación ante la empresa muy superior al de otro que necesita su trabajo como sea. Está claro: si mi empresa me dice que tengo que trasladarme a Arabia Saudí les digo que antes me voy al polo descalzo y en camiseta y me quedo tan tranquilo. Si me echan tengo un buen colchón para ir buscando trabajo, reforzado por las prestaciones por desempleo. En cambio, si mi cuenta bancaria estuviera a cero todos los finales de mes y no hubiera prestaciones por desempleo, seguro que me lo pensaría mucho más.

AUMENTAR LOS TIPOS DE GRAVAMEN.

También cae de cajón: si se aumentan las cuotas obreras y patronales más dinero se recaudará. Es cierto que subir las cuotas obreras (estamos hablando de décimas de punto) supone cobrar cada mes un pelín menos, pero:

1. Casi todo el mundo preferirá cobrar un poquito menos ahora y asegurarse una buena pensión que trabajar dos años más (una décima de punto es sólo 1 euro al mes de cada 1.000).
2. Por otro lado, el trabajador recupera lo que paga en forma de servicios sociales, luego esa mínima reducción de sueldo no es tal. Las cotizaciones no se pagan sin contraprestación.

Esto último hay que tenerlo muy claro: las cotizaciones sociales, tanto las que paga la empresa como las que afronta el trabajador, son parte del salario; son salario diferido. Cuando el trabajador cobre su pensión, vaya al médico sin pagar un duro, cobre el paro, asista a cursos de formación gratuitos, etc. recuperará, no sólo el dinero que pone él, sino también el que aporta la empresa.

Es por ello que un aumento de las cuotas patronales se puede considerar un aumento de sueldo (aunque no figuren en la nómina del trabajador), ya que aumentarán las prestaciones a las que el trabajador puede acceder gratuitamente y/o su calidad. Por el contrario, un descenso de las cuotas patronales es un ataque contra los intereses obreros, pues bajarán la calidad y/o el número de prestaciones sociales, con lo que tendrá que pagar por servicios antes gratuitos o prescindir de ellos, o verá reducirse la cuantía de las prestaciones por desempleo o las pensiones.

Porcentajes que suponen sobre los costes laborales las cuotas patronales (izda.) y la carga fiscal total (dcha.) en 2007 (nota: las aspas negras significan "datos no disponibles").

Pese a ello, si miramos atrás comprobamos que en la historia reciente la evolución ha sido bastante negativa, reduciéndose en varios puntos las cuotas patronales (esto es viejo, sólo entre 1982 y 1991 bajaron 2,5 puntos). Así pues ¿qué tal recuperar las bajadas habidas en décadas pasadas en las cuotas patronales con el fin de aumentar los recursos de la Seguridad Social? ¿Con qué cara se piden sacrificios a los trabajadores cuando en las últimas décadas se han bajado varios puntos las cotizaciones sociales de las empresas?

Por otro lado, la eliminación de la base máxima de cotización permitiría elevar los ingresos sin tocar los tipos. En España cualquier salario por encima de 3.198 euros al mes (2010) cotiza sólo por la cifra indicada, es decir, si alguien gana 10.000 euros al mes él y la empresa pagan como si ganase 3.198. Esto introduce una regresividad inaceptable en el sistema, pues por encima de la citada cifra cuanto más se gana menos porcentaje del sueldo se paga a la Seguridad Social. ¿Por qué no eliminar la base máxima de cotización para que los grandes salarios coticen por su importe íntegro?

FINANCIAR EL SISTEMA TAMBIÉN DESDE IMPUESTOS DIRECTOS.

Hoy en día este término de la fórmula vale cero, pero… ¿por qué la Seguridad Social no se puede financiar también desde otros impuestos, como hacen muchos países? ¿Acaso Alá ha dispuesto que deba pagarse sólo a través de las cotizaciones sociales?

Ni siquiera hace falta crear impuestos nuevos ad-hoc. Por ejemplo, podría recuperarse el prácticamente perdido carácter progresivo y redistributivo del IRPF, sucesivamente desarbolado por multitud de reformas regresivas. Cuatro cosas que podrían hacerse:

• Eliminar las abundantes deducciones que sólo benefician a las rentas más altas. Gracias a ellas en España los empresarios acaban tributando por menos ingresos que los trabajadores.

• Aumentar el número de tramos y los tipos de gravamen superiores.

• Endurecer significativamente la tributación sobre las rentas del capital, que en España están prácticamente exentas de hecho desde las reformas de 1988 y 1990.

• Sustituir el mínimo exento por una deducción constante, ya que el primero supone una reducción en la base del impuesto que beneficia más a quienes más elevado tienen el tipo de cotización.

Estas medidas aumentarían notablemente la recaudación a costa de las rentas superiores y las rentas del capital sin que las inferiores se enterasen. Aumentaría significativamente la recaudación a costa de los más pudientes. Además hay margen de sobra, pues como vemos en este gráfico, la carga fiscal española se mueve en los límites inferiores la UE-15.

Carga fiscal en porcentaje sobre el PIB en 2008.

Mención aparte quiero hacer de una deducción especialmente sangrante en el caso que nos preocupa: la que desgrava por aportaciones a planes privados de pensiones. Esta deducción supone un descenso del 4% en la recaudación del impuesto. Al parecer, es legítimo dedicar recursos públicos a los planes privados (vía minoración de ingresos fiscales) pero no a las pensiones públicas. ¿Cómo es posible que se diga que no hay recursos suficientes para las pensiones públicas cuando se está perdiendo un 4% de la recaudación del IRPF en incentivar planes de pensiones privados? ¿Y si se eliminasen esos incentivos y se dedicase ese 4% a las pensiones públicas?

Debe descartarse totalmente una financiación a través de un incremento del IVA o de cualquier otro impuesto indirecto, pues son terriblemente injustos y regresivos. Es fácil razonar por qué:

1. Cuando toman un helado o compran el periódico, pagan el mismo IVA Emilio Botín y sus Consejeros que las limpiadoras del Banco de Santander.
2. Las rentas más bajas dedican todos o casi todos sus ingresos al consumo (alimentación, vestido, transporte…). Por lo tanto, encuentran gravado por el IVA el 100% de lo que cobran, pues lo poco que ahorran es para consumo diferido (coche, casa, vacaciones…).
3. Una gran fortuna dedicará al consumo únicamente una muy pequeña parte de sus ingresos. El resto los dedicará al ahorro, la inversión, el préstamo y la especulación, que no pagan IVA (cuando compras acciones no pagas IVA, todos los productos financieros están exentos).
   

Por todo ello, el porcentaje que el IVA supone sobre los ingresos de una gran fortuna es ridículo, mientras que para un mileurista rebasará seguramente el 10% (más de 100 euros al mes). De la recaudación total por IVA el grueso proviene de la gran masa de consumidores de rentas bajas y medias, que son la inmensa mayoría de la población.

Sin embargo, a nadie se le escapa que el único impuesto que el Gobierno se ha planteado subir con motivo de la crisis es, precisamente, el IVA, un impuesto regresivo e injusto del que, para colmo, los productos financieros y los rendimientos del capital, responsables de la crisis, están exentos.

LUCHAR CONTRA EL FRAUDE Y LA ECONOMÍA SUMERGIDA.

El importe total del fraude fiscal en España se estima en nada menos que el 20% del PIB, lo cual no debe sorprender en un país donde el dinero negro se mueve a placer de aquí para allá.

Es evidente que si todo el mundo pagara los impuestos que tiene pagar los ingresos del sistema aumentarían espectacularmente y mejoraría sustancialmente la imagen del sistema impositivo entre la población. La lucha contra el fraude equivale a universalizar los impuestos, es decir, a que todo el mundo pague y no sólo los de siempre. Una parte de este incremento de la recaudación podría por supuesto utilizarse para pagar las pensiones.

En España sin embargo jamás se ha ejercitado una lucha eficiente y real contra el fraude más allá de las declaraciones de intenciones. Si miramos hacia atrás el panorama es desolador: en la historia reciente de este país se cuentan varias amnistías fiscales para el dinero negro, por supuesto camufladas bajo otros nombres (“regularización fiscal”, por ejemplo). Las hubo en 1977, en 1988 y en 1991, algunas para colmo coincidiendo en el tiempo con significativos recortes en las prestaciones sociales, como en 1988.

Si hay algo que hay que tener claro sobre el fraude es que, quienes más defraudan, son quienes más tienen. Ello es así porque el fraude es una cuestión de posibilidades, conocimiento del sistema, asesoramiento, etc. ¿Acaso un barrendero tiene la posibilidad de esconder su dinero en Suiza? Se podrían conseguir aumentos de recaudación significativos sin tocar los impuestos existentes únicamente generando mecanismos eficaces de lucha contra el fraude, con el fin de que las clases más pudientes paguen efectivamente lo que les corresponde. Y es que actualmente Hacienda no somos todos.

Por otro lado, el tamaño de la economía sumergida en España es gigantesco: se estima que llega al 24% del PIB. La lucha contra la economía sumergida supondría el afloramiento de una cantidad ingente de recursos que hoy en día eluden sus obligaciones fiscales y sociales. El ejemplo más claro son las contrataciones ilegales sin alta en la Seguridad Social que contribuyen a enraizar la exclusión y la marginación de todo tipo de colectivos desfavorecidos (entre ellos muchos inmigrantes) mientras restan una enorme cantidad de recursos al sistema de Seguridad Social y las pensiones vía cotizaciones no cobradas. Se calcula que pueden ser unas 800.000 las personas que actualmente están trabajando sin contrato en España, una situación de la que únicamente se beneficia el empleador.

Desgraciadamente, los servicios de inspección españoles llevan desde siempre infradotados de fondos y personal y bloqueados políticamente, ya que no existe ninguna voluntad de acabar con esta situación. La potenciación de los servicios de inspección del Estado mediante aumentos de presupuesto y personal y la promoción de su rango administrativo sería un primer paso en la buena dirección que recuperaría con creces todo el dinero invertido.

Hasta aquí llega el análisis de algunas cosas que se podrían hacer para elevar los ingresos del sistema de pensiones y compensar un supuesto desequilibrio. Debe tenerse en cuenta que estas medidas no sólo sirven para enjuagar un hipotético déficit; podrían ponerse en marcha sin que éste exista simplemente para mejorar la cobertura y la cuantía de las pensiones existentes.

Antes de continuar con su némesis, la reducción de gastos, vamos a hacer unas consideraciones adicionales acerca de los argumentos que ofrece el credo neoliberal para, precisamente, no hacer nada de lo mencionado en este capítulo.

• Hora local: 20:20.
• Temperatura: 21ºC.
• Humedad: 65%.
• Temperatura máxima: 24ºC.
• Temperatura mínima: 19ºC.

Ceterum censeo Estados Unidos esse delendam.

Seikh Iván Bin Víctor Al-Sáez.

SOBRE LAS PENSIONES - CAPÍTULO 2 DE 5.

PROBLEMAS METODOLÓGICOS DE LOS ESTUDIOS SOBRE LAS PENSIONES.

El argumento estrella de todas las publicaciones que anticipan con denodada constancia el colapso del sistema público de pensiones es por todos conocido:

“Debido al aumento de la esperanza de vida y al descenso de la tasa de natalidad, pronto habrá tantos jubilados que los cada vez menos numerosos trabajadores no se van a bastar para pagar todas las pensiones, con lo que la diferencia entre ingresos y gastos degenerará en un monstruoso déficit imposible de enjuagar. Amén."

Vamos a demostrar que esto es mentira. Para ello vamos a dejar claro que todos estos estudios adolecen de los siguientes errores metodológicos:

1. Parten de supuestos demográficos erróneos.
2. Obvian el aumento del PIB con los años.
3. Suponen que las variables que equilibran el presupuesto del sistema de pensiones permanecen constantes (o sea: que no se hace nada para solucionar el problema).

Veámoslo.

SUPUESTOS DEMOGRÁFICOS ERRÓNEOS.

Los Españoles No Vivimos Hoy 4 Años Más que en 1980.

Entre 1980 y 2005 la esperanza de vida en España subió desde los 76 a los 80 años. ¿Quiere decir esto que vivimos cuatro años más y que, por lo tanto, los jubilados cobran su pensión durante cuatro años más? La respuesta a esta pregunta es importante porque esta suposición está presente en muchos estudios cuyo objetivo es demostrar la inviabilidad del sistema público de pensiones. Pues la respuesta es: no, desgraciadamente no vivimos cuatro años más que en 1980.

Me explico. La esperanza de vida se calcula haciendo la media de las edades de las personas que mueren dentro de un determinado año. Como media que es, hay varias formas de subirla.

Supongamos dos familias a las que un mal año se lleva a dos miembros. En la primera uno muere a los 20 años en un accidente y otro a los 80 de viejo; en la segunda uno muere a los 50 por enfermedad y otro también a los 80 de viejo. Las esperanzas de vida de ambas familias serán:

• Familia 1: (20 + 80) / 2 = 100 / 2 = 50 años.
  

• Familia 2: (50 + 80) / 2 = 130 / 2 = 65 años.

Como vemos, la esperanza de vida es 15 años superior en la segunda familia, pero los viejos se han muerto a la misma edad. Lo que tira hacia arriba de la esperanza de vida de la familia 2 es que no ha muerto de joven ninguno de sus integrantes.

Con España sucede algo parecido: parte del aumento de la esperanza de vida en nuestro país se debe a que han disminuido notablemente la mortalidad infantil y demás fallecimientos prematuros. Así, en 1980 la mortalidad infantil era de 12,34 bebés por cada 1.000 nacidos vivos, reduciéndose hasta 3,54 en 2008. Podemos ver la evolución en el gráfico siguiente:

Tasa de mortalidad infantil en España desde 1997 (nota: disculpad el color verde puñeta, pero los gráficos están sacados de Eurostat y es el color por defecto).

Por lo tanto, si bien es cierto que hoy los españoles morimos más viejos que en 1980, no son cuatro años. La esperanza de vida ha subido 4 años porque morimos más tarde, pero también porque hay menos muertes prematuras tirando de la media hacia abajo. Por lo tanto, no son cuatro años más de jubilación por persona y considerarlo así para cualquier cálculo sobre la viabilidad del sistema de pensiones es erróneo.

La Longevidad No Es Homogénea.

Si hay que tener algo muy claro sobre la longevidad de las personas es que no es homogénea: las capas de población con mayores recursos viven más tiempo que las que disponen de menor renta y la diferencia es inversamente proporcional a lo igualitaria que sea la sociedad. Así, en España el 10% más pobre vive por término medio unos 10 años menos que el 10% más rico. Esta cifra es mejor que en Estados Unidos, donde la diferencia es de 15 años, pero es peor que la media de la Europa de los 15, situada en 7 años.

Por lo tanto, los años que una persona va a poder disfrutar de su jubilación antes de morir están muy relacionados con su clase social: serán más cuanto más alta. Tener esto claro es importante porque nos ayudará a valorar correctamente la equidad de las medidas propuestas desde las entidades financieras y el Gobierno para “salvar” las pensiones.

Lo que Importa Es la Población Activa, No el Número de Jóvenes.

En los repetidos estudios que dicen que pronto el envejecimiento de la sociedad se hará insostenible se hacen afirmaciones sobre el porcentaje de viejos sobre jóvenes en la sociedad o sobre la tardía incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo (menos tiempo de cotización), cuando esto no deja de ser un fenómeno lateral a la hora de calcular la viabilidad económica de las prestaciones por jubilación.

Estas afirmaciones soslayan que en un sistema como el nuestro las pensiones las pagan mes a mes quienes reciben un sueldo y las empresas que los emplean, así que lo que importa no es el número de pensionistas sobre el número de habitantes, sino el número de personas con nómina sobre el de pensionistas y la cantidad que cotizan.

En España, a pesar del envejecimiento de la sociedad no ha parado de crecer el número de personas que cotizan a la Seguridad Social, lo cual se comprende si tenemos en cuenta dos fenómenos:

1. La incorporación de la mujer al mundo del trabajo.
2. La llegada de un gran número de inmigrantes en edad de trabajar.

A ambas variables les queda aún un buen recorrido al alza. Todo el mundo sabe que la inmigración continuará mientras existan los tremendos diferenciales de bienestar con las clases sociales bajas de los países emigrantes. Por otra parte, si la mujer se integrase en el mercado de trabajo al mismo nivel que en los países nórdicos europeos se añadirían al sistema unas 3.000.000 de cotizantes. Actualmente la tasa de ocupación femenina en España se sitúa en el 54,9%, por debajo del 60,4% de la Europa de los quince; en los países con mayor integración ronda o supera el 70% (ver gráfico siguiente). Esto último, además, se puede fomentar. Por poner un ejemplo: si en España el Estado crease una eficiente red de guarderías públicas y de asistencia domiciliaria gratuitas o subvencionadas, muchas mujeres se incorporarían al mercado de trabajo liberadas de sus quehaceres domésticos. Esto generaría un incremento en el número de cotizantes que harían aumentar los ingresos de la Seguridad Social. De esta forma, a partir de un aumento del gasto social hemos generado un aumento del ingreso.

Tasa de ocupación femenina en los países de la UE-15 en 2008 (nota: la línea roja es el objetivo del Tratado de Lisboa).

Por todo lo dicho, es completamente erróneo suponer como hacen los estudios sobre las pensiones que el envejecimiento de la sociedad conlleva forzosamente una disminución de la población activa y por ende de los ingresos de la Seguridad Social.

La Tasa de Natalidad No Es un Tobogán sin Fondo.

Para terminar con este apartado debemos dejar claro que suponer durante los próximos 40 años unos índices de natalidad bajísimos es un despropósito. De hecho, la tasa de natalidad en España se ha ido recuperando sostenidamente desde finales de los años 90. Así, desde el año que marcó el mínimo (1998) hasta 2008 se ha pasado de 9,19 a 11,39 nacidos por cada 1.000 habitantes; durante el mismo periodo el número medio de hijos por mujer ha subido desde 1,16 hasta 1,46 (un incremento del 25%). En el gráfico que sigue se puede ver la evolución reciente. Es de prever en todo caso que la crisis actual tenga un efecto negativo sobre estos indicadores al juntarse con la desprotección social española.

Número de nacidos por cada 1.000 habitantes (izda.) y tasa de natalidad en España (dcha.) desde 1997.

Hacer proyecciones de tasa de natalidad a más de 10 años es una osadía, como atestiguaría cualquier demógrafo. Las variables a tener en cuenta son tantas y con unas interrelaciones tan complejas que las predicciones a largo plazo caen generalmente en saco roto.

Un aumento significativo de los gastos de protección social que contribuyeran a consolidar la confianza y la seguridad en el futuro de las capas más desfavorecidas sería un buen incentivo de la natalidad.

Tampoco se puede soslayar que el porcentaje de pensionistas sobre el de jóvenes no está condenado a subir para siempre; acabará por bajar de nuevo, no es una función estrictamente creciente hasta el infinito. Las tasas de fecundidad se recuperan y, aunque no lo hicieran, la gran cantidad de futuros pensionistas herencia el baby-boom algún día fallecerán, con lo que ya a largo plazo es lógico suponer que la sociedad se reequilibrará y el porcentaje de viejos sobre activos disminuirá.

Acabado nuestro razonamiento sobre los supuestos demográficos, sigamos con los de índole económica.

NO SE PUEDE OBVIAR EL AUMENTO DEL PIB CON LOS AÑOS.

Este punto es muy importante.

Según el renombrado estudio de David Taguas y María Jesús Sáez que mencionamos en el primer capítulo, de no cambiar las cosas el gasto en pensiones supondrá un 17,1% del PIB en 2059, estimándose ello excesivo por dichos autores, si bien en ningún momento se argumenta por qué. Hoy en día el gasto en pensiones supone el 8,4% del PIB.

Vamos a admitir que la predicción (a 40 años) de estos señores se cumple.

Supongamos por otra parte que el producto interior bruto de España en 2010 es de 100 montones de dinero y que hasta 2059 crece a un ritmo anual del 1,5%, una estimación muy prudente y conservadora.

El gasto que destinaremos en 2010 a pensiones será (8,4% del PIB):

• 100,0 x 0,084 = 8,4 montones de dinero.

Por lo que para el resto de gastos nos quedan:

• 100,0 - 8,4 = 91,6 montones de dinero.

En 2059 nuestro PIB será (1,5% de crecimiento durante 49 años):

• 100,0 x 1,01549 = 100,0 x 2,074 = 207,4 montones de dinero.

El gasto que destinaremos en 2059 a pensiones dicen que será (17,1% del PIB):

• 207,4 x 0,171 = 35,47 montones de dinero.

Con lo cual para el resto de gastos nos quedarán:

• 207,40 - 35,47 = 171,93 montones de dinero.

O sea: para el resto de gastos el dinero disponible ha aumentado un 187,7%, pasando de 91,6 a 171,9 montones de dinero. Hay más recursos tanto para pagar pensiones como para todo lo demás. Esto no es magia, sólo que el PIB se ha multiplicado por más de dos; y eso que hemos supuesto un crecimiento anual de sólo el 1,5%.

El estudio de la Comisión Europea que también citamos en el primer capítulo es más optimista: en este caso el año de la catástrofe es 2060 y el porcentaje del PIB que gastaremos en pensiones el 15,1%. Por lo tanto, si hiciésemos los cálculos para este otro estudio obtendríamos unos números que mejorarían sensiblemente lo de arriba.

Por lo tanto, decir que el aumento del porcentaje que las pensiones suponen sobre el PIB va a drenar los recursos de tal forma que no habrá dinero disponible para otros campos es totalmente erróneo. Este argumento únicamente se sustenta desde un punto de vista que suponga que el PIB va a crecer muy poco o no va a crecer, con lo cual si este panorama se diese quizá el problema no serían las pensiones, sino el modelo económico sobre el cual los autores de los estudios hacen sus modelizaciones, que por lo tanto es lo que habría que cambiar.

¿Seguro que un 17% No Es Excesivo?

Estos datos históricos nos ayudarán a corroborar lo anteriormente dicho.

• Gasto en pensiones en España en 1960: 3,0% del PIB.
• Gasto en pensiones en España en 2010: 8,4% del PIB.

Como vemos en 50 años el gasto en pensiones se ha multiplicado por 2,8. Sin embargo, nadie podrá negar que hoy en día tenemos muchos más recursos tanto para pensiones como para el resto de gastos, debido a la multiplicación del PIB por varios enteros desde aquellas fechas.

Para terminar de abundar en este argumento veamos los porcentajes sobre el PIB que suponen las pensiones en otros países de la europa de los quince:

Porcentaje del PIB dedicado a pensiones en los países de la UE-15 en 2007.

Como podemos comprobar la mayoría de países están a años luz de España, debido a que en nuestro país las pensiones son muy bajas para la media europea (analizaremos esto con más detalle en la quinta parte). Italia (14,6%) está pagando en este momento un porcentaje cercano al que David Taguas y María Jesús Sáez definen como insoportable para 2049 y Francia (13,3%) y Austria (13,8%) no andan muy alejadas. Si tomamos como referencia el estudio de la Comisión Europea, Italia ya está ahí. Además, el PIB actual de ambos países es ahora bastante inferior al que tendrá España en 2049, y no digamos en 2060, así que tienen menos recursos para otras cosas que los que nosotros tendremos entonces. Sin embargo, no parece que estos países estén afrontando grandes dificultades para pagar sus pensiones.

Por último también debemos tener en cuenta que, al igual que el envejecimiento de una sociedad no es una función estrictamente creciente hasta el infinito, el tanto por ciento que las pensiones suponen sobre el PIB tampoco, con lo que en algún momento este porcentaje comenzará a descender desde máximos.

Así pues, todo parece indicar que el sistema público de pensiones español no se encamina hacia catástrofe alguna y que, para colmo, el principal problema de que adolece es su escasa cuantía.

A pesar de ello, vamos a darles una oportunidad más a los agoreros y vamos a suponer que el sistema se desestabiliza y comienza a generar déficit. ¿Qué podemos hacer para arreglarlo? Según los bancos, la Comisión Europea y demás partes interesadas, nada, sólo nos queda desmantelarlo. Pues permítanme que les contradiga: se pueden hacer muchas cosas y muy variadas. Se puede actuar sobre las variables que equilibran el sistema. Analicémoslo.

• Hora local: 20:46.
• Temperatura: 21ºC.
• Humedad: 57%.
• Temperatura máxima: 26ºC.
• Temperatura mínima: 18ºC.
• ¡¡Y cayendo tormentaaaa!!
  

Ceterum censeo Estados Unidos esse delendam.

Seikh Iván Bin Víctor Al-Sáez.